El Gobierno de Río Negro oficializó este jueves la declaración de Emergencia Ígnea en toda la provincia, una medida que regirá durante los próximos doce meses y que establece restricciones estrictas para evitar cualquier tipo de fuego al aire libre. El decreto, firmado por el gobernador Alberto Weretilneck, busca agilizar la respuesta estatal y fortalecer la prevención en un contexto considerado de riesgo extremo.
Según explicó el Ejecutivo, la resolución habilita mecanismos especiales para disponer recursos de manera más rápida y sostener los operativos de control durante los meses de mayor vulnerabilidad. “La prevención es la única herramienta realmente eficaz frente a los incendios forestales”, señaló Weretilneck al anunciar la medida.
Las autoridades advirtieron que la combinación de altas temperaturas, fuertes vientos, sequía, falta de precipitaciones y vegetación extremadamente seca crea un escenario preocupante, agravado por el aumento de visitantes en zonas sensibles. En los últimos años, la provincia y regiones vecinas registraron incendios que provocaron pérdidas humanas, daños en infraestructura, afectación productiva y graves impactos ambientales.
Prohibiciones y obligaciones
El decreto prohíbe encender fuego en espacios públicos y privados que no cuenten con autorización. Los administradores de campings, balnearios, complejos turísticos, predios recreativos y establecimientos rurales deberán reforzar los controles y adoptar medidas preventivas ajustadas a la normativa vigente.
El Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo coordinará las herramientas administrativas y financieras para atender la emergencia, mientras que el SPLIF podrá autorizar excepciones específicas y extender los períodos de alerta cuando sea necesario. Además, se invitó a municipios y comisiones de fomento a adherir para intensificar campañas y controles locales.
Multas severas y acciones legales
El decreto establece multas que van desde 100 hasta 100.000 litros de gasoil ultra diésel YPF, según la gravedad del hecho y el daño potencial. También ordena iniciar acciones penales y patrimoniales contra quienes provoquen incendios, con el fin de recuperar los costos que demandan los operativos de combate. La normativa subraya que la mayoría de los incendios tienen origen humano y que sus consecuencias ambientales, económicas y sociales pueden tardar generaciones en revertirse.
Weretilneck sostuvo que el objetivo es proteger a la población y preservar el territorio. “Un incendio forestal destruye ecosistemas, pone en riesgo vidas y compromete nuestro futuro. Debemos anticiparnos y actuar con responsabilidad”, afirmó.
