Promoción de inversiones y perspectiva de género

El proyecto de ley que crea un nuevo régimen de promoción de inversiones en la actividad hidrocarburífera, intenta dar respuestas a las diferentes inquietudes que se fueron presentando durante el proceso de redacción. Uno de ellos, la inclusión de una perspectiva de género en la industria. Especialmente, en el proceso de formación de cuadros técnicos profesionales.

La iniciativa crea un Fondo para el Empleo con Perspectiva de Género, que se constituirá con el dos por ciento de la recaudación adicional de los derechos por exportaciones de los saldos incrementales producidos por la ley. Esos dineros serán administrados por el Ministerio de las Mujeres, conformando un sistema de becas universitarias que tienen que estimular la presencia de mujeres, travestis, trans o personas transgénero en las carreras que tienen que ver con la explotación hidrocarburífera. Esto es: las ingenierías y la geología.

¿Es necesario este impulso adicional o es el resultado de una sensibilidad exacerbada? Hay dos estudios sobre egresados de universidades nacionales, uno en la del Comahue y otro en la de Córdoba, que permite visualizar una clara supremacía de varones. Supremacía en el ingreso que se mantiene en el egreso.

El estudio realizado por el Observatorio de Graduados de la Universidad Nacional del Comahue mostró que durante 2019 los graduados varones de la Facultad de Ingeniería (que además de las carreras de ingeniería incluye Geología), representaron del 69,9% del total, contra el 30,1% de mujeres.

Por su parte, la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba observó que en la última década, las egresadas en las carreras de ingenierías, geología y biología fueron aumentando desde un 30 % en 2011 a un 38,5% en 2020. Un avance importante aunque lejos de la paridad de género visualizada como ideal.

Además de crear este sistema de becas para estimular la participación de mujeres y personas trans en estas carreras, determina un programa de beneficios para las empresas que las contraten, disminuyendo las cargas patronales durante los tres primeros años de contratación. Pero para poder solicitar esta disminución, el nuevo personal tendrá que ser contratado en las provincias productoras de hidrocarburos (eso es, en las plantas operativas de Río Negro y Neuquén, no en las bases ni destilerías de Buenos Aires). Y los nuevos cargos apuntados no podrán reemplazar puestos vigentes durante el año anterior.

También sanciona las “prácticas de uso abusivo”, que define como “el hecho de producir sustituciones de personal bajo cualquier figura” o “el cese como empleadora y la constitución de una nueva figura como tal”.

Columna de Energía de Herman Avoscan en LU19.

Una mirada más amplia del mercado universitario debería incluir un verdadero estímulo en las carreras de formación relacionada con la actividad. Un ejemplo es lo que ocurre en nuestra región. La Patagonia Norte, donde se ubica la formación Vaca Muerta, corazón de la explotación de no convencionales y motor de la actividad, tiene una universidad que forma ingenieros destinados a la actividad con un nivel académico reconocido a nivel nacional. En 2019, los egresados de la Facultad de Ingeniería representaron sólo el 11 % del total.

Sustentabilidad energética

A tono con esta época de sensibilización sobre el calentamiento global y la necesidad de reducir la huella de carbono, el proyecto de ley apunta también a la Sustentabilidad Energética. Las iniciativas que se presenten para obtener los beneficios de exportación y libre disponibilidad de divisas deberán incluir un plan que impulse “la diversificación de la matriz energética” o promueva “una mayor eficiencia energética en el proceso productivo”.

El proyecto crea un Fondo para la Sustentabilidad Energética con el cinco por ciento de la recaudación adicional de los derechos de exportación de los hidrocarburos. Se destinará al diseño e implementación de acciones orientadas “al desarrollo de proyectos vinculados a la sustentabilidad energética, a la inversión en investigación y desarrollo y a toda operación tendiente al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas referidos a cuestiones energéticas y de infraestructura”.

Este fondo será administrado por el Consejo Interministerial de Inversiones, que podrá firmar convenios con las universidades nacionales, institutos y empresas con mayoría estatal. Deberá priorizar el financiamiento de un Programa Sectorial de Impulso a la inversión en investigación y desarrollo (I+D), promoviendo laboratorios de innovación y desarrollo en las empresas del sector o la creación de sociedades anónimas mixtas de tecnología para la diversificación energética, que sean cofinanciadas, en los términos que se establezcan en la reglamentación.

 

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