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El presidente Alberto Fernández anuló el DNU de intervención y expropiación de Vicentin y lo anunció en su cuenta de Twitter. El mandatario nacional dará marcha atrás y anulará el decreto para intervenir y expropiar la cerealera.
Tomó esa decisión luego del fracaso del plan que impulsó el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, para crear un fideicomiso con participación estatal.
Este nuevo decreto, anula el DNU 522 que dispuso el pasado 8 de junio; con la intervención transitoria de la cerealera Vicentin, dictada para intervenir la compañía.
Hemos dispuesto la derogación del DNU 522/2020 que ordenó la intervención de Vicentin S.A.I.C. por 60 días. pic.twitter.com/TEilNynB8T
— Alberto Fernández (@alferdez) July 31, 2020
«El juez interviniente en el concurso no ha permitido hasta aquí que el Estado pudiera conocer cuál es el pasivo real de la compañía. Ha impedido también el acceso de la intervención a su gestión y, lo que es peor aún, ha mantenido en sus funciones a los mismos directores que, ante la pasividad del tribunal, siguen sin entregar el Balance y Memoria del ejercicio 2019», argumentó Alberto Fernández.
Fernández agregó en su cuenta de Twitter, que «El Estado nacional no va a comprometer recursos públicos mientras el actual directorio permanezca en la empresa, ni tampoco integrará un fideicomiso compartiendo la gestión del mismo. Nuestra intención siempre fue rescatar a la empresa, preservar los activos, colaborar con los productores damnificados y mantener las fuentes de trabajo. Nuestra intención siempre fue rescatar a la empresa, preservar los activos, colaborar con los productores damnificados y mantener las fuentes de trabajo».
«En estas condiciones, no estamos dispuestos a adoptar riesgos que podrían traer como consecuencia la estatización de deuda privada para que los argentinos y las argentinas deban hacerse cargo del irresponsable proceder de los actuales administradores», agregó el Presidente que había anunciado la intervención de Vicentin el 8 de junio.
El mandatario nacional cerró el posteo adelantando que pidió «a todos los organismos públicos involucrados para que realicen las acciones civiles, comerciales y penales que permitan la recuperación de los créditos reclamados en el concurso preventivo, dirimir responsabilidades y preservar los intereses del Estado».
