Preocupan incumplimientos en pagos de regalías

Río Negro y Neuquén están analizando estrategias conjuntas para enfrentar una problemática que las impacta directamente: por un lado, las empresas hidrocarburíferas están liquidando las regalías a un valor mucho menor de los 45 dólares estipulados para el “barril criollo”; por otro, un problema de arrastre, el desfasaje que llevan las regalías hidroeléctricas entre el precio de venta de la energía y el valor al que se calcula la liquidación.

Si en épocas normales la merma de ingresos enciende luces de alerta, en la crisis directamente pasan al rojo intenso. Repasando los números: en materia de hidrocarburos, Río Negro observa que sus números caen casi un 50 % desde los iniciales 700 millones de pesos / mes que se calcularon en el presupuesto 2020. Y sólo una parte puede explicarse por la caída de la producción, efecto no deseado de la cuarentena y paralización casi total que vive el país debido a la pandemia del Covid 19. La explicación pasa por el precio de liquidación: no se está cumpliendo con el precio de referencia impuesto por la secretaría de Energía de la Nación, los 45 dólares del famoso “barril criollo”.

Este valor se propone con la finalidad de evitar en el mercado interno las distorsiones de los precios internacionales y mantener una determinada estabilidad que permita el funcionamiento de la economía. Pero en un mercado tan hiperconcentrado como el de la destilación, especialmente en la Argentina, el tema iba a dar que hablar.

Cuatro grandes empresas concentran el 90 % de la destilación y venta de combustibles. El principal productor sigue siendo YPF, la empresa mixta que integran el Estado Nacional, las provincias productoras e inversionistas privados, con una participación del 60 %. La tradicional empresa Shell (de capitales anglo holandeses), concentra el 13 %); el conglomerado Axion (la asociación de Bridas, del grupo Bulgheroni; y British Petroleum), se reserva el 10 %; mientras que la holandesa Trafigura (que ingresó al mercado argentino durante la gestión de Mauricio Macri y compró los derechos del nombre Puma), figura con un 7%.

Y si bien YPF, con su posición dominante del mercado, no incide en las cuentas de las petroleras más chicas porque al ser una empresa integrada destila el total de su producción, sí incide en las de la provincia. Hoy, YPF extrae casi el 50 % de la producción de Río Negro.

En tanto, Puma – como filial de una multinacional que tiene su negocio en la venta de commodities -, prefiere importar gran parte del combustible que vende en el país aunque compró una destilería en Bahía Blanca.

Fuentes de la secretaría de Energía de Río Negro apuntaron contra Shell y Axion. “La excusa que ponen los operadores de los yacimientos es que esas destilerías no les están reconociendo el precio fijado por el gobierno nacional y al liquidarnos las regalías lo hacen a un precio menor”, apuntaron.

La titular del área, Andrea Confini, explicó que para determinar la situación se está rechazando las declaraciones juradas que presentan las empresas y comenzaron a exigir la documentación que justifique la operación. “Nosotros tenemos un decreto Nación que establece un valor para el petróleo crudo de Argentina, tomando como base el que se extrae en la cuenca neuquina, el Medanito. Esto es de 45 dólares. Las empresas aducen que hay otras resoluciones que les permite liquidar regalías en base a lo efectivamente percibido. Ahora queremos saber quién está detrás de esto”, afirmó la funcionaria.

Confini expresó que se trata de una estrategia conjunta decidida en el seno de la OFEPHI, la organización de las provincias productoras. “Estamos trabajando en armonía”, precisó, desestimando versiones de rencillas internas y de supuestos liderazgos negativos. La situación es lo suficientemente grave como para que todos dejen de lado sus posibles prevenciones (más que lógicas cuando se trata de definir inversiones), y decidan estrechar lazos. Porque si en Río Negro las regalías explican cerca del 10 % de su presupuesto, en la vecina Neuquén inciden en el 32 %. Situación que explicaría, en parte, los problemas de esa administración para poder pagar aguinaldos en julio y la demora en el pago de los salarios de junio.

Problemas en puerta: la situación seguramente se judicializará y llegará a la Corte Suprema de Justicia. Mientras tanto, hay que juntar papelitos.

Regalías y ríos desbordados

En los próximos días, los ríos Limay y Negro verán como se incrementan los caudales en forma notoria. Los equipos de Protección Civil de las localidades ribereñas están en alerta: del caudal de 450 metros cúbicos por segundo pasará a unos 1.500 m3/seg. Una cantidad tres veces superior que sin dudas impactará muy fuerte en la zona de la costa.

Un tema que se sigue con preocupación porque “va a demostrar también la falta de inversión en la construcción de defensas a lo largo del río. Esa es una tarea que debería haber realizado la Autoridad de Cuencas y que no pudo hacer por falta de financiamiento”.

De acuerdo al esquema de privatizaciones que se ideó desde la Fundación Mediterránea (el think tank que ocupó el ministerio de Economía y la secretaría de Energía durante buena parte de la presidencia de Carlos Menem), la Autoridad de Cuencas debería ser el ente encargado de controlar las concesiones. Y le estableció un porcentaje de la facturación de las centrales hidroeléctricas de la cuenca para poder realizar las tareas que le encomendó por ley: además de hacer el seguimiento de la operación, debía encargarse de obras que permitieran mantener las líneas de ribera, ejecutar defensas costeras e implementar planes operativos de señalización y concientización de la problemática de vivir aguas debajo de las grandes presas. Para eso, debía destinarle el 60 % de su presupuesto.

El problema de la AIC es que terminó siendo prácticamente deficitaria no por ineficiencias en su administración sino porque sus recursos se redujeron notoriamente. En 2007 hubo una decisión política de desenganchar el precio que se paga la energía en el mercado eléctrico mayorista (la que efectivamente llega al bolsillo de las concesionarias), y el precio de referencia para calcular el pago de regalías y el canon a la Autoridad de Cuencas.

Esta situación se terminó por disparar durante la gestión de Mauricio Macri, cuando se decidió dolarizar las tarifas eléctricas. Y al compás de las devaluaciones que se multiplicaron a partir de 2018, esa brecha se fue agrandando. Hoy, la “tarifa de referencia” significa el 50 % de la tarifa real. Lo que se “ahorran” las concesionarias por esta generosidad del Estado Nacional a costa de las provincias, es una suma cercana a los 600 millones de pesos anuales. Que deben ser repartidos en partes iguales entre Río Negro y Neuquén, copropietarias de los ríos.

“Hay una situación confusa – explicó un funcionario rionegrino -, porque a partir de simples resoluciones fueron vulnerando el espíritu y la letra de la ley y de la propia constitución reformada de 1994, donde está claro que los recursos naturales pertenecen al dominio originario de las provincias”.

Consultado por este, el titular del Departamento Provincial de Aguas, Fernando Curetti, reconoció la situación y explicó que el reclamo “lo estamos realizando históricamente en la secretaría de Energía de la Nación. Es difícil calcular el total de lo que se nos adeuda; podemos entender que hoy la situación es compleja para todos, pero creemos que hay que buscar mecanismos que permitan una compensación a las provincias”.

Es otro de los temas en los que Río Negro y Neuquén han preferido trabajar en conjunto antes que gestionar por separado. Las obras de mitigación para el curso de los ríos podrían ser una buena. “También podría ser en energía eléctrica. Tenemos el esquema de comercialización y nos vendría bien como un elemento más de política económica”, comentó Curetti.

En el medio de la pandemia, es posible pensar sobre la economía que viene.

Por Herman Avoscan

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