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Un hombre que estaba detenido con prisión preventiva desde el año pasado aceptó su responsabilidad en un juicio abreviado que se hizo ayer en Cipolletti, bajo la modalidad “semipresencial”.
Lo condenaron a diez meses de prisión efectiva por hostigar a su ex pareja por pedido de la fiscalía y con la adhesión de la defensa. La víctima estuvo de acuerdo con la modalidad de juzgamiento y el monto de la pena y por un pedido expreso de la mujer a la representante del Ministerio Público Fiscal, la jueza le ordenó tratamiento psicológico al imputado y habilitó a la victima para que supervisara el avance de la terapia.
El acusado participó ayer del juicio abreviado conectado por videoconferencia desde la unidad penitenciaria de la capital provincial y en la sala, bajo el estricto protocolo de seguridad por la pandemia, estuvieron la jueza de juicio María Florencia Caruso, la fiscal del caso Rocio Guiñazú y el defensor público Juan Pablo Piombo.
El detenido admitió los hechos que le imputó la fiscalía y aceptó cumplir con la pena de diez meses de prisión por hostigar y provocarle lesiones leves a su expareja. El imputado tenía antecedentes computables.
El defensor oficial, solicitó que como punto expreso de la sentencia se ordene al servicio penitenciario provincial que se le provea el tratamiento psicológico a su representado a la mayor brevedad posible.
En la sentencia, la jueza le impuso también una prohibición de acercamiento a la víctima (que regirá cuando recupere la libertad) y además aceptó el pedido de la defensa por lo que la realización del tratamiento psicológico deberá comenzar a la brevedad.
El penal de Viedma tendrá que informar los avances y la propia víctima podrá supervisar esa terapia. Ese punto de la sentencia fue comunicado taxativamente al juez de ejecución debido a que la víctima le informó a la fiscal que “quería participar activamente” de todo el trámite de cumplimiento de la pena, tal como lo establece la ley.
La Oficina Judicial se encuentra coordinando y organizando todas las audiencias virtuales y semi presenciales para garantizar el cumplimiento de los protocolos y la conectividad en este contexto de pandemia.
De esta forma se observan los lineamientos dispuestos por el Superior Tribunal de Justicia y el Procurador General de dictar sentencias y brindarle continuidad a los procesos en curso en los casos en los que sea posible, pese al especial contexto sanitario.
