Aún no se puede hablar de una fecha para el retorno normal del turismo tras la cuarentena dispuesta por el gobierno nacional. Se presentó un proyecto en la Legislatura de Rio Negro, para que se declare la emergencia del sector y se impulsen medidas que permitan sortear la crisis.
El turismo en la Argentina emplea a 1,1 millón de personas y abarca más de 5.000 agencias y 17.000 hoteles, entre otras empresas y comercios. En nuestra provincia, el sector genera más de 62 mil puestos de trabajo.
El proyecto ingresado a la Legislatura por el bloque del Frente de Todos impulsa un paquete de medidas en línea con las anunciadas por el ministro de Turismo Matías Lammens a nivel nacional.
Desde esa cartera se anunció, a poco de iniciada la cuarentena, la postergación o reducción de hasta el 95% del pago de las contribuciones patronales durante abril para empleadores que no superen los 60 contratados. La Asignación Compensatoria al Salario para todos los trabajadores en empresas de hasta 100 empleados; el Programa de Recuperación Productiva (REPRO) para compañías con más de 100 trabajadores; un sistema integral de prestaciones por desempleo; y préstamos a una tasa del 24% para que las pymes puedan pagar los sueldos.
Entre otras, las medidas anunciadas incluyen además, el apoyo a pequeños emprendedores turísticos a través del Fondo de Turismo (FonDeTur); obras financiadas con fondos del impuesto PAIS; y la implementación del Plan “50 destinos”, que ya cuenta con 1.400 millones de pesos para mejorar la infraestructura turística.
Con igual sentido, el proyecto se suma a lo dispuesto a nivel nacional para la industria turística, autorizando al gobierno provincial “a disponer por razones de emergencia a través de los organismos correspondientes, la adopción de políticas públicas tales como:
- prórrogas en el vencimiento de impuestos provinciales; elaboración de planes de regularización de obligaciones tributarias; suspensión de ejecuciones; otorgamiento de líneas de crédito en condiciones diferenciales; otorgamiento de subsidios y aportes directos; y en general toda otra medida que a criterio del Poder Ejecutivo Provincial proteja las fuentes de empleo y la continuidad de las empresas vinculadas al sector”.
La medida tendría vigencia hasta el 31 de diciembre, aunque podría ser prorrogada si el gobierno provincial lo considerara necesario.
