4 años de prisión para los imputados por la muerte de Nico Gutierre

El Tribunal conformado por los jueces Carlos Reussi -como presidente- Juan Martín Brussino Kain e Itziar Soly; condenó a la pena de 4 años de prisión a Paulo Sandoval y Rubén Barilá, al considerarlos responsables del delito de homicidio culposo por la trágica muerte del joven Nico Gutierre en una cancha de fútbol en San Antonio Oeste.

La víctima murió, según se concluyó, electrocutada al tocar el cerco perimetral de la cancha de fútbol ubicada en el predio del Club Atlético Racing. La instalación carecía de disyuntor y tenía precarias conexiones, que habían sido advertidas a Barilá -presidente del club- y Sandoval -concesionario de la cancha.

Los magistrados descartaron la figura del dolo eventual sostenida por la acusación, pero tuvieron en cuenta las advertencias previas sobre la situación de precariedad de la instalación eléctrica y la falta de medidas necesarias para subsanar ese riesgo, por lo que impusieron una pena alta dentro de la escala del homicidio culposo, que prevé de 1 a 5 años de prisión.

Durante el proceso declararon testigos presenciales, médicos, electricistas y personas que habían cumplido labores en el predio, entre otras.

Se debatió si ambos tenían responsabilidades similares. En este sentido, la defensa de Sandoval, además de exponer su falta de antecedentes y su situación personal, argumentó que no tenía poder de decisión, ya que los arreglos no eran de su posibilidad de decisión.

El fallo

Para los jueces, la Fiscalía, representada por Paula Frandsen y Mariela Coy, logró demostrar los hechos investigados y la responsabilidad penal de los imputados. Pero disintieron en calificación legal planteada.

A la hora de establecer las responsabilidades, describe que “el presidente del Club, Barilá, era formalmente responsable por el establecimiento y sus condiciones, y Sandoval, el operador directo de la cancha. Tanto uno como el otro, conocían de las condiciones de la instalación eléctrica, y habían sido advertidos, como vimos en el recuento de la prueba testimonial producida, de los riesgos que ofrecía esa instalación, y de lo imprudente que resultaba mantenerlo en dichas condiciones”. Recordaron que la instalación de un disyuntor es una exigencia administrativa impuesta por la Municipalidad de San Antonio Oeste para este tipo de comercios.

De esta manera, “ambos, adultos responsables a los ojos de la ley penal, tienen su cuota de responsabilidad y su rol de garante en torno a las condiciones más básicas y elementales de seguridad en dicho predio, y que por cierto, tal como ha quedado acreditado con la prueba producida en el debate, ambos incumplieron”.

Calificación legal

En el fallo se recalca, respecto a la calificación legal, que es el punto “más difícil” y “tiene que ver con una situación muy específica y técnica”.

Al abordar el nudo central del razonamiento, explica: “Lo que nosotros debemos preguntarnos primero es si había efectivamente una representación del resultado muerte. Es decir, que alguien sabía que causaría a través de esta descarga eléctrica la muerte de la persona. Y con ello su aceptación. O si estamos frente a un descuido temerario que dio lugar a este triste suceso”. En este punto, argumentan que “la respuesta es clara a favor de la segunda opción”.

En efecto, los magistrados descartan que hubiera “voluntad de matar a alguna persona que concurriera a la cancha”.

Aún cuando descartan la intención de matar a alguien, “el resultado muerte se dio, y Nicolás Gutiérre falleció, eso también es así, y consideramos que hay responsabilidad penal culposa de ambos en el evento”, dice la sentencia.

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